La apertura de las piscinas enfrenta a vecinos y administradores de fincas

La ‘nueva normalidad’ viene cargada de condicionantes, y el verano se presenta complicado para las comunidades de vecinos, que podrían ver como su tan ansiada piscina se mantendrá cerrada durante los meses más calurosos del año.

Según el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), cerca de 6.000 piscinas están preparadas para abrir en las comunidades de propietarios madrileñas, lo que supone la mitad del total de residenciales con piscina registradas en la región.

En este sentido, no todas las comunidades podrán estrenar su temporada de verano porque no pueden garantizar el cumplimiento de las normas para la apertura de las piscinas comunitarias establecidas en la Orden Ministerial SND/414/2020, de 16 de mayo, así como las recomendaciones realizadas por la Comunidad de Madrid, al pasar a la Fase 2.

La Orden exige la aplicación de medidas higiénico-sanitarias como realizar labores de limpieza tres veces al día en el recinto, y de desinfección dos veces diarias, coincidiendo entre los turnos de baño. También es obligatoria la contratación de personal auxiliar para que realice un control de acceso a la piscina y no permita que se supere el aforo máximo del 30%.

Además, los usuarios que puedan acceder al recinto deberán desinfectarse las manos a la entrada y salida del mismo, utilizar las papeleras para el material desechable y realizar la limpieza de calzado a la entrada, o bien utilizar un calzado diferente para acceder a la zona de baño.

Otra medida que contempla la orden ministerial es que se garantice la distancia de seguridad de “al menos” dos metros, dentro y fuera de las instalaciones, incluso durante el baño. Por su parte, desde el Ministerio de Sanidad recomiendan no colgar las toallas en las vallas, y desinfectar las tumbonas antes de sentarse.

MÁS RECOMENDACIONES

La orden ministerial también detalla que el acceso al agua solo se podrá realizar a través de las escaleras, preferiblemente una de ellas, para facilitar el control siempre que no ocasione aglomeraciones. Y queda prohibido acceder de otra manera (tirándose de cabeza, saltando…) para evitar salpicaduras al resto de usuarios.

Asimismo, el borde de la piscina (andén perimetral) se utilizará para el acceso y la salida de los usuarios de la piscina, no pudiendo permanecer en él sentado, por ejemplo.

En cuanto a los objetos personales, incluida la toalla, deberán permanecer dentro del perímetro de seguridad, y no está permitido el uso de colchonetas, balones…, ni accesorios o elementos que generen salpicaduras.

Por último, no se podrán utilizar las duchas de los vestuarios, siendo preferible ducharse en casa. En cuanto a las recomendaciones para la seguridad de los usuarios, se insiste en el uso de mascarilla, aun cuando se respete la distancia de seguridad. Además, se aconseja la utilización de gafas para el baño, incluyendo las que protegen las fosas nasales o máscaras de buceo.

SOBRECOSTE PARA LOS VECINOS

Según los datos de CAFMadrid, calculan un sobrecoste de un 50% de media en la partida correspondiente a la temporada de piscina con respecto al año anterior en las comunidades que abran finalmente estos recintos, debido a la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias y a la contratación de personal auxiliar.

En este sentido, hay que recordar que el socorrista no está obligado a realizar las funciones de control de acceso o la desinfección que exige la orden ministerial. Así, los vecinos deberán contratar a una segunda persona encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa, o bien, negociar con el socorrista por si accede a realizar estas tareas.

Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, insiste en que “aunque es difícil aplicar las normas de la Orden Ministerial en las piscinas comunitarias, los administradores de fincas estamos trabajando para que su apertura sea posible con los menores costes para su aplicabilidad en las comunidades de propietarios”.

De hecho, este sobrecoste enfrenta a los vecinos ya que, unos apuestan por soportar esta derrama y disfrutar de la piscina, mientras que otros vecinos prefieren mantener cerrado el recinto ante las medidas restrictivas.

Además, a esta situación se le suma que los vecinos aún no pueden celebrar las clásicas reuniones vecinales, ya que la Fase 2 delimita a 15 personas las juntas. Así, de forma telemática, o por correo ordinario, es muy complicado llegar a un acuerdo.

Por otro lado, la limitación del aforo al 30% genera controversia. Nunca llueve a gusto de todos, y el consenso vecinal es complicado. Ante la obligación de realizar turnos y horarios de baño, las comunidades de vecinos ya barajan algunas fórmulas con el objetivo de poder disfrutar todos de la piscina, en diferentes horarios durante el verano.

En concreto, se pueden realizar turnos rotativos entre los portales, y cada uno de ellos puede disfrutar de la piscina durante determinadas horas al día, o bien se lleva a cabo la división de los vecinos entre días pares e impares, pero estas fórmulas dependen del número de vecinos que conformen la comunidad.

Pero lo que deberán tener en cuenta los vecinos es que la orden establece que, en cuanto a los horarios y turnos de baño, es importante no hacer uso de la instalación durante las labores de limpieza y desinfección.

PLAN ‘B’: PISCINA DESMONTABLE

Ante la incertidumbre de la apertura de las piscinas públicas y privadas, desde CAFMadrid alertan de la proliferación de piscinas desmontables en terrazas o azoteas, que supone un riesgo para los vecinos ya que pueden producirse daños en las estructuras de los edificios.

De hecho, antes de instalar una piscina de estas características, “el propietario debe encargar un estudio firmado por un técnico competente, en el que se garantice la correcta instalación. También sería muy aconsejable contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles accidentes o daños”, recomiendan desde CAFMadrid.

Según el decano del Colegio de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas de Málaga, Francisco Sarabia, una cubierta está preparada para soportar unos 200 kilos de peso por metro cuadrado, lo que equivale a una lámina de agua entre 10 y 20 centímetros de altura. “Si instalamos una piscina de un metro cuadrado y la llenamos con 50 centímetros de agua, duplicaría el peso que la estructura puede aguantar. Además, hay que tener en cuenta que estas piscinas se llenan hasta el metro o incluso más”, critica.

El seguro indemniza 860.000 goteras en comunidades de propietarios al año

El sector desembolsa 496 millones de euros para reparar daños en zonas comunes de los edificios

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El seguro indemniza 860.000 goteras en comunidades de propietarios al año

Los daños atmosféricos, la responsabilidad civil y la rotura de cristales son otros percances habituales

Goteras, fugas, escapes… Los daños de agua son los percances más habituales en los edificios y, por extensión, el problema al que, con más frecuencia, deben enfrentarse las comunidades de propietarios. Cada año se producen en España 854.793 daños por agua en edificios asegurados. El seguro paga 752.704 euros al día por arreglar los desperfectos ocurridos en las zonas comunes o causados por elementos compartidos. Es decir, cerca de 275 millones de euros al año. Esta es una de las conclusiones del informe De la gotera al incendio. Los seguros patrimoniales en 2018 elaborado por Estamos Seguros.

La lista de percances con los que deben lidiar los vecinos es más amplia, lógicamente. Otros incidentes habituales son los daños provocados por los fenómenos atmosféricos (200.276 partes tramitados), los incidentes de responsabilidad civil (79.574), la rotura de cristales (76.035) o los daños eléctricos (33.914).

El seguro indemniza 860.000 goteras en comunidades de propietarios al año

Los daños atmosféricos, la responsabilidad civil y la rotura de cristales son otros percances habituales

Goteras, fugas, escapes… Los daños de agua son los percances más habituales en los edificios y, por extensión, el problema al que, con más frecuencia, deben enfrentarse las comunidades de propietarios. Cada año se producen en España 854.793 daños por agua en edificios asegurados. El seguro paga 752.704 euros al día por arreglar los desperfectos ocurridos en las zonas comunes o causados por elementos compartidos. Es decir, cerca de 275 millones de euros al año. Esta es una de las conclusiones del informe De la gotera al incendio. Los seguros patrimoniales en 2018 elaborado por Estamos Seguros.

La lista de percances con los que deben lidiar los vecinos es más amplia, lógicamente. Otros incidentes habituales son los daños provocados por los fenómenos atmosféricos (200.276 partes tramitados), los incidentes de responsabilidad civil (79.574), la rotura de cristales (76.035) o los daños eléctricos (33.914).

Más allá de los daños por agua, los sucesos que conllevan pagos importantes son los fenómenos atmosféricos (166.031 euros al día) y la responsabilidad civil (123.941 euros al día). Sin embargo, los incendios, que son percances relativamente inhabituales, sí generan daños importantes en términos relativos. Así lo demuestra el hecho de que, si bien apenas se producen 10.120 fuegos en edificios de viviendas al año estos llevan al seguro a desembolsar 117.578 euros al día. Es decir, unos 43 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

En total, el seguro pagó 496 millones de euros en 2018 a las comunidades de propietarios por todo tipo de desperfectos e incidentes vinculados con las zonas comunes de los edificios de viviendas.

Madrid, Barcelona y Valencia son las provincias que albergan las tres mayores ciudades de España. Esta es la razón que explica que sean, también, los lugares donde se producen más incidentes en comunidades de propietarios que debe atender el seguro. Sin embargo, en la cuarta posición de la clasificación se cuela Alicante, aunque su capital sea la undécima ciudad de España por población. Esto probablemente se debe a la existencia de dos localidades de un tamaño importante en la provincia (la propia Alicante y Elche) y a la propensión a edificar en altura en muchos municipios de la Costa Blanca (Torrevieja, Benidorm…). Otros puestos destacados del ranking de provincias con más percances en comunidades de propietarios recaen sobre territorios con una o más ciudades de relevancia. Es el caso de Málaga, Asturias (que suma Gijón y Oviedo), Murcia (que agrupa a Murcia y Cartagena)…

Pagos realizados por el seguro, por regiones

La clasificación de los pagos realizados a las comunidades de propietarios por parte del seguro por regiones desvela otras realidades. Andalucía, la comunidad autónoma con más población de España, ocupa un discreto cuarto lugar en esta clasificación en lugar de liderarla. Los puestos de cabeza son para Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Esta situación se da por varios factores. Por un lado, por la distribución demográfica existente en Andalucía. En esta comunidad autónoma la población se encuentra mucho más dispersa que en otras regiones de España. Ahí son frecuentes los municipios de tamaño mediano y pequeño en los que la población está menos concentrada. En esos entornos abundan las viviendas unifamiliares y, consecuentemente, hay menos comunidades de propietarios.

La lista de percances con los que deben lidiar los vecinos es más amplia, lógicamente. Otros incidentes habituales son los daños provocados por los fenómenos atmosféricos (200.276 partes tramitados), los incidentes de responsabilidad civil (79.574), la rotura de cristales (76.035) o los daños eléctricos (33.914).

Más allá de los daños por agua, los sucesos que conllevan pagos importantes son los fenómenos atmosféricos (166.031 euros al día) y la responsabilidad civil (123.941 euros al día). Sin embargo, los incendios, que son percances relativamente inhabituales, sí generan daños importantes en términos relativos. Así lo demuestra el hecho de que, si bien apenas se producen 10.120 fuegos en edificios de viviendas al año estos llevan al seguro a desembolsar 117.578 euros al día. Es decir, unos 43 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

En total, el seguro pagó 496 millones de euros en 2018 a las comunidades de propietarios por todo tipo de desperfectos e incidentes vinculados con las zonas comunes de los edificios de viviendas.

Madrid, Barcelona y Valencia son las provincias que albergan las tres mayores ciudades de España. Esta es la razón que explica que sean, también, los lugares donde se producen más incidentes en comunidades de propietarios que debe atender el seguro. Sin embargo, en la cuarta posición de la clasificación se cuela Alicante, aunque su capital sea la undécima ciudad de España por población. Esto probablemente se debe a la existencia de dos localidades de un tamaño importante en la provincia (la propia Alicante y Elche) y a la propensión a edificar en altura en muchos municipios de la Costa Blanca (Torrevieja, Benidorm…). Otros puestos destacados del ranking de provincias con más percances en comunidades de propietarios recaen sobre territorios con una o más ciudades de relevancia. Es el caso de Málaga, Asturias (que suma Gijón y Oviedo), Murcia (que agrupa a Murcia y Cartagena)…

Pagos realizados por el seguro, por regiones

La clasificación de los pagos realizados a las comunidades de propietarios por parte del seguro por regiones desvela otras realidades. Andalucía, la comunidad autónoma con más población de España, ocupa un discreto cuarto lugar en esta clasificación en lugar de liderarla. Los puestos de cabeza son para Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Esta situación se da por varios factores. Por un lado, por la distribución demográfica existente en Andalucía. En esta comunidad autónoma la población se encuentra mucho más dispersa que en otras regiones de España. Ahí son frecuentes los municipios de tamaño mediano y pequeño en los que la población está menos concentrada. En esos entornos abundan las viviendas unifamiliares y, consecuentemente, hay menos comunidades de propietarios.

Otro factor que influye en el menor peso relativo de Andalucía en el pago de indemnizaciones del seguro de comunidades de propietarios, es la relativa juventud de su parque de viviendas. El 38% de las viviendas en esta comunidad autónoma tiene menos de 25 años, según la encuesta de presupuestos familiares (EPF) del INE.

El panorama es bien distinto en Madrid, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En estos territorios existen importantes aglomeraciones urbanas o áreas conurbanas y, consecuentemente, es más frecuente la edificación en altura. Algunos ejemplos son Madrid, Barcelona, Valencia y sus respectivos alrededores, o el llamado Gran Bilbao que agrupa la capital vizcaína y los municipios existentes a lo largo de la Ría del Nervión.

Entre tanto, el parque de viviendas del País Vasco, Cataluña y la Comunidad de Madrid es significativamente más veterano. Según la EPF, las viviendas de menos de 25 años de antigüedad representan entre el 26% y el 28% en estas tres comunidades autónomas. Es decir, unos 10 o 12 puntos porcentuales menos que en Andalucía.

Cómputo para la impugnación de los acuerdos comunitarios tras el alzamiento de la suspensión de los plazos sustantivos

Desde la declaración del Estado de Alarma los plazos, tanto sustantivos como procesales, quedaron suspendidos, de tal modo que, si el acuerdo de adoptó con anterioridad a este momento, 14 de marzo de 2020, y ya habían empezado a computar el determinado para impugnación del acuerdo aplicando dispuesto en el artículo 18.3 de la LPH, éste, repetimos, se suspendió a tenor de lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Nuestro criterio, en un principio era que, comenzaría a contar de nuevo tras el levantamiento de este Estado, teniendo en cuenta que, la citada suspensión, desde nuestro punto de vista, no significaba que empezasen de nuevo, si no que habría que contar desde el momento en que quedaron en suspenso, por el tiempo que restaba por cumplir. Ahora, y esto es lo importante, hay que tener en cuenta que, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que ha derogado las DDAA 2ª (suspensión plazos procesales) 3.ª (suspensión plazos administrativos) y 4ª (suspensión plazos sustantivos) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y que se producirá el alzamiento de los plazos procesales y sustantivos el 4 de junio y los plazos administrativos el 1 de junio. Luego, nuestro criterio es que, desde esta fecha, 4 de junio, comenzará a computar nuevamente el plazo para citada impugnación y nuestra recomendación es que, como siempre hacemos ante la duda de si es aplicable el plazo de tres meses o un año, que se haga a la mayor brevedad posible y que la opción de sumar al vencimiento los días naturales que han transcurrido desde el 14 de marzo hasta el 4 de junio, nos parece la solución más acertada.

Los problemas de humedades en las comunidades afectan a la salud

Tal y como recoge Murprotec, dada la situación en la que nos encontramos por la pandemia del Covid-19, ha reforzado, aún más, esta colaboración, ya que la figura del administrador de fincas está siendo imprescindible para guiar a los propietarios a cumplir todas las normas de convivencia marcadas por el gobierno.

Murprotec, multinacional europea líder en tratamientos definitivos contra las humedades sigue dando soporte a los administradores de fincas en la detección y actuación sobre los problemas de humedades estructurales en comunidades de propietarios.

La compañía lleva muchos años colaborando con diferentes colegios de administradores de fincas con la finalidad de responder no solo las demandas que surgen en las fincas cuando aparecen problemas de humedades estructurales sino también, de dotar a los profesionales de todas las herramientas, información y facilidades necesarias a la hora de abordar un problema de este tipo.

Tal y como recoge Murprotec, dada la situación en la que nos encontramos por la pandemia del Covid-19, ha reforzado, aún más, esta colaboración, ya que la figura del administrador de fincas está siendo imprescindible para guiar a los propietarios a cumplir todas las normas de convivencia marcadas por el gobierno.

En palabras de Miguel Ángel López, director general de Murprotec en España y Portugal “la estrecha colaboración que tenemos con estos profesionales es imprescindible para detectar y actuar lo antes posible los problemas de humedades en las comunidades de propietarios”. Además, añade que “nuestro objetivo es facilitarles su labor tanto como podamos. Justo en esto trabajamos día a día”.

El Rey aborda con los administradores de fincas las medidas frente a la epidemia en edificios de viviendas

El Rey Felipe VI se ha reunido por videoconferencia con representantes del Consejo General de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, que le han explicado el impacto de la pandemia en el ámbito más próximo al confinamiento de la población, obligada a permanecer en sus viviendas.

Durante todo el estado de alarma, la corporación y los administradores de fincas colegiados han considerado que, en estas circunstancias, había que optar por el escenario más restrictivo desde el punto de vista sanitario para evitar que las comunidades de propietarios, en donde la población estaba confinada, se pudieran convertir en un foco de contagios por el incumplimiento de los criterios de la autoridad sanitaria.

En este sentido, los administradores han subrayado que el objetivo de todas las actuaciones ha sido informar y aplicar en los edificios las distintas normas que se han ido publicando en el BOE para controlar el contagio, además de garantizar el buen funcionamiento de todos los servicios de los edificios en un momento de crisis como el actual.

El presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, Salvador Diez Lloris; las vicepresidentas Anabel Miró e Isabel Bajo, y el secretario del Consejo General, Rafael del Olmo, han informado que desde los colegios de administradores de fincas se ha colaborado con los distintos ministerios implicados en la toma de decisiones.

Asimismo, se han presentado, fundamentalmente al Ministerio de Sanidad, distintos escritos con propuestas encaminadas a que los vecinos evitaran el contagio en sus inmuebles, y para ello también se ha informado a los ciudadanos a través de los distintos medios de comunicación -TV, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales- sobre cómo tenían que actuar en sus edificios, con una importante repercusión social y mediática.

Los administradores de fincas colegiados, sus colegios territoriales y su consejo general, han atendido todas las consultas de los ciudadanos respecto a cómo tenían que actuar frente a Covid-19, tras habilitar teléfonos y correos de atención específica para esta crisis, con lo que creen que “se ha evitado un contagio masivo en los edificios”.

86.000 empleos

Actualmente en España hay unos 15.000 administradores de fincas colegiados, a los que se encuentran vinculados, directamente, otros 15.000 trabajadores e indirectamente otros 50.000. Generan 86.000 empleos directos e indirectos, el 2,7% del empleo correspondiente a las profesiones colegiadas y producen más de 2.600 millones de euros, alrededor del 2,2% del valor añadido bruto de las profesiones colegiadas. Al año gestionan entre 34.000 y 40.000 millones de euros.

Los administradores de fincas colegiados y su Consejo General forman parte del Consejo Europeo de las Profesiones Inmobiliarias (CEPI), asociación europea que analiza el mercado inmobiliario en los distintos países que configuran la Unión Europea.

El coronavirus asfixiará aún más a las comunidades de vecinos

El impago de las cuotas que deben afrontar los propietarios repunta un 50% durante los meses del estado de alarma

La situación que deja la crisis del coronavirus en las comunidades de propietarios de España no es buena. La morosidad ha repuntado un 50% durante los meses del estado de alarma, de marzo a mayo, debido a la devastación económica de muchas familias, que se han quedado sin ingresos y sin trabajo, según el cálculo del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAE). Es una bofetada para las comunidades de propietarios, que llevaban tres años achicando su volumen de morosidad, que superaba los 1.500 millones de euros. Antes de la pandemia, el 35% de las fincas tenía algún deudor entre sus filas. A partir de ahora, se da por descontado que esta cifra crecerá. “La morosidad será mayor cuando acabe el estado de alarma y conozcamos el impacto real en la economía. La gran diferencia con la anterior crisis es que esta llega de golpe”, opina Salvador Díez Lloris, presidente del CGCAE. La dureza de ese golpe no será igual para todas las comunidades, dependerá de la renta de los vecinos y de si esta nueva crisis les pilla con un buen fondo de reserva.

Por si fuera poco, las fincas tienen que adaptarse a un nuevo mundo en el que hay que priorizar la desinfección de los edificios para evitar contagios. Esto supone más gastos, sobre todo para las que tienen piscina, gimnasio, pistas deportivas, columpios o salas comunes. “El incremento del gasto puede oscilar entre un 15% y un 20% de media para una comunidad de 100 viviendas con piscina. Si además dispone de pista de pádel o de tenis puede aumentar un 2% adicional para garantizar que dichos espacios y zonas estén higienizadas y limpias con la regularidad prevista por las autoridades sanitarias”, calcula Isabel Bajo, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En cambio, las “comunidades sin piscina o zonas comunes de ocio van a sufrir unos incrementos de costes por el tema de las desinfecciones prácticamente inapreciables, de entre el 5% y el 7%”, aprecian en Mutua de Propietarios.

Este sobrecoste incluye, además de la desinfección general, el uso de mochilas pulverizadoras para limpiar cada mañana el suelo de la pista de pádel o tenis, geles dosificadores en cada rincón, alfombrillas desinfectantes o pediluvio, toallas de papel individuales y cubos de basura para el material desechable.

Hay más. En el nuevo gasto la piscina se lleva un buen pellizco. Para abrirla este verano el Gobierno exige un aforo máximo del 30%, con cita previa y turnos, lo que implica dos cosas: disponer de un sistema de control de acceso o contratar más personal. “Casi ninguna tiene un torno de acceso ni la figura del controlador”, dice Isabel Bajo. Calcula que para una comunidad de 100 pisos la contratación de un controlador puede suponer hasta 8.000 euros por tres meses de temporada. La cuenta es bien sencilla: los administradores de fincas advierten de que la mayoría de comunidades de propietarios no podrá abrir sus piscinas.

Las que pueden permitirse el gasto, empiezan a automatizarse. “Nos están demandando sistemas para regular accesos y controlar aforos a piscinas y pistas de pádel que no necesitan contacto físico”, dice Gricell Garrido, de Prevent Security Systems. Son tarjetas, llaveros o pulseras que hay que acercar al lector de proximidad para que la puerta se abra y se cierre. La instalación completa cuesta entre 1.500 y 2.000 euros, aunque se puede contratar un renting o alquiler por 45 y 50 euros al mes para no hacer frente a las temidas derramas extraordinarias. Tanta es la prevención que “las comunidades que tienen instalados lectores de huellas los están cambiando ya, porque son una fuente de contagio”, comentan en Prevent, compañía que ha desarrollado una app para que cada propietario pueda abrir la puerta desde su propio móvil.

Las comunidades más privilegiadas en cuanto a capacidad de pago y liquidez también se están parapetando con equipos que toman la temperatura corporal. “Debido al incremento de personas ajenas, como repartidores de comida a domicilio o de paquetería, nos solicitan medidores de temperatura para que los porteros puedan controlar mínimamente si la persona que accede tiene fiebre o no”, explica Garrido. “La medición remota mediante las cámaras termográficas permite detectar la presencia de personas con síntomas de fiebre”, explican en Securitas. La solución más básica que ofrece esta firma, que consiste en una cámara portátil, cuesta alrededor de 1.000 euros.

El ascensor es otro de esos equipos que están en el punto de mira. La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) está estudiando con un grupo de expertos cuál es el producto más efectivo y menos dañino para el usuario. Sea lo que sea lo que instalen los vecinos, habrá que pagarlo aparte y no estará incluido en los contratos de mantenimiento a todo riesgo que tienen contratados. La compañía Fain ha lanzado soluciones para que sus elevadores se adapten a la nueva normalidad. Uno es la lámpara de luz ultravioleta en la cabina que elimina todo tipo de virus. Otro es llamar al ascensor desde el móvil, cuyo coste es una cuota mensual que se factura junto con el mantenimiento del ascensor.

Espacio libre de covid-19

Para muchas fincas estos gastos son, por ahora, imposibles de asumir. Pero si en algo están dispuestas a echar el resto es en la desinfección de sus edificios. Las empresas especializadas no dan abasto estos días. Los operarios tratan las superficies y el aire interior, priorizando las puertas y botoneras de ascensores, las barandillas y pasamanos, los timbres e interruptores, así como los pomos de las puertas y el portero automático.

Cada una aplica su protocolo de actuación. En la compañía Licec, “ejecutamos una doble desinfección para eliminar toda flora microbiana de superficies y ambientes, actuando siempre sin presencia de personas en el área a desinfectar”, dice Joaquin Bernad, director general. El protocolo de esta empresa consiste en la nebulización de peróxido de hidrógeno y en la generación de ozono in situ. El coste es de unos 200 euros para un portal de seis o siete pisos y garaje.

Importante fijarse que se contrata a una empresa homologada y con registro sanitario. Y tener en cuenta que el tratamiento con ozono aún está en evaluación en la Unión Europea. Ante la proliferación de dispositivos productores de ozono y el boom de empresas que ofrecen estos servicios, el Ministerio de Sanidad ha advertido de la peligrosidad de un uso inadecuado. Por supuesto, dice, “no se puede aplicar en presencia de personas y se deberá ventilar el lugar desinfectado antes de su uso”. Por este motivo hay empresas que emplean otras sustancias biocidas que sí están evaluadas y registradas. La compañía Anticimex usa dos tipos de productos: “Unos son de la familia de los detergentes y otros son los oxidantes, que destruyen los agentes patógenos por oxidación. El coste parte de los 200 euros”, indica Jordi Tapias, director técnico de la firma.

El Gobierno vuelve a permitir los trabajos de reforma en viviendas a partir de este lunes

El Gobierno ha anulado la suspensión de las obras en viviendas habitadas que se decretó el 12 de abril para evitar el riesgo de contagio por COVID-19 en edificios residenciales habitados. Desde este lunes e independientemente de la fase en la que se encuentre el territorio, podrán reanudarse las reformas, eso sí, garantizando las medidas de higiene y la distancia social de dos metros interpersonal.

Así lo establece la orden ministerial de Sanidad publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica  en la disposición adicional quinta la anterior norma de estado de alarma por la que se suspendieron dichas actividades.

En concreto, la orden elimina la suspensión de las actividades de intervención en edificios donde exista el riesgo de contagio para el resto de las personas. Se trata de la segunda actualización de la norma del 12 de abril. Previo paso a la vuelta total de las intervenciones en edificios habitados, desde el 4 de mayo se retomaron las obras en viviendas vacías pero en edificios habitados siempre que se garantizara la seguridad de los vecinos con medidas preventivas como la reducción de la presencia de los trabajadores en rellanos y zonas comunes.

El Cermi pide una reforma urgente de la Ley de Propiedad Horizontal para que nadie sufra «un confinamiento indefinido» por falta de accesibilidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) instó este lunes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a reformar con urgencia la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para que nadie sufra «un confinamiento indefinido por ausencia de accesibilidad en los edificios de viviendas», situación que ahora mismo padecen más de 100.000 personas en España.

Así se lo trasladó el Cermi al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en una reunión mantenida hoy para abordar la agenda social de la discapacidad en relación con las políticas de vivienda y la accesibilidad al entorno urbano.

Según el Cermi, la modificación de la LPH para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias con independencia de los ingresos de la comunidad «no puede posponerse más». «Debe estar en la agenda de la reconstrucción social y económica postpandemia con carácter de inmediatez», exigió.

Además del cambio de la LPH, el Cermi se refirió a otros asuntos de relevancia como la creación del Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad, la posición de la discapacidad en la nueva agenda urbana española y la Ley Estatal de Vivienda que el Gobierno tiene intención de promover esta Legislatura.

También pidió una mayor conexión entre las políticas de vivienda comunitaria y las estrategias de desinstitucionalización de personas con discapacidad que viven en residencias y grandes instituciones.

A la reunión con David Lucas asistieron Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi; Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe; Óscar Moral, presidente del Cermi Comunidad de Madrid, y Daniel-Aníbal García, presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem).

(SERVIMEDIA)
18 MAYO 2020
AGQ/mjg/

El uso de las piscinas en las Comunidades tras la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo

La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas por el Estado de Alarma y ante la evolución epidemiológica positiva y el oportuno cumplimiento de los criterios establecidos, se procede a extender esta flexibilización de algunas medidas que corresponderían a la fase 2 para determinadas unidades territoriales que serán las contempladas en el Anexo de esta Orden.A estos efectos, y con respecto a las piscinas, hay que tener en cuenta lo dispuesto en en los artículos 44 y 45 que señala:»44. Reapertura al público de las piscinas recreativas.1. Se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas recreativas, quedandopermitido el acceso a las mismas por parte de cualquier persona.El aforo máximo permitido será del treinta por ciento de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros. En caso contrario se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la distancia de seguridad.2. Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera delos cuales no se podrá permanecer en la instalación.3. Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños.Asimismo, se deberán limpiar y desinfectar los diferentes equipos y materiales como, vaso, corcheras, material auxiliar de clases, rejilla perimetral, botiquín, taquillas, así como cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación.Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo de producto 2, referidos en el anexo V del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. Asimismo, se podrán utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que seencuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio deSanidad.4. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las operaciones de depuración física y química del agua necesarias para obtener una calidad del agua de los vasos adecuada conforme a los anexos I y II del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, con la realización de los controles pertinentes, así como del cumplimiento del resto de normativa aplicable.Artículo 45. Medidas de higiene y prevención aplicables a las piscinas recreativas.1. Se procederá a la limpieza y desinfección diaria de la instalación de acuerdo conlo señalado en el artículo 6.No obstante, en aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios, como pomos de las puertas de los vestuarios, o barandillas, se deberá llevar acabo una limpieza y desinfección, al menos tres veces al día.2. Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible o mensajes de megafonía las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.3. En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el resto de usuarios.4. El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5. Asimismo, se deberá verificar que, en todo momento, estén dotados de jabón y/ o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.5. No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.»Estas serán, a falta de regulación expresa, y de momento, las normas que han de aplicarse a las Comunidades de Propietarios.

Los baños en las piscinas comunitarias deberán esperar

Las comunidades de propietarios que cuenten con piscina no podrán utilizarlas durante la actual fase de desescalada que ha comenzado este sábado en la que la población de todas las edades puede salir a hacer deporte o pasear en diferentes franjas horarias.

La disposición que el Ministerio de Sanidad público este viernes en el BOE no hace una referencia específica a estos lugares de recreo en los que también se puede hacer deporte y solo especifica que “no estará permitido el acceso a instalaciones deportivas cerradas para la práctica de las actividades previstas en esta orden”

“Los espacios comunitarios no puedes sustituir al espacio público para hacer deporte o pasear”

La Generalitat de Catalunya sí que ha sido más específica en sus indicaciones y en su página web dice que “los espacios comunitarios no pueden sustituir al espacio público para practicar deporte individualmente o pasear”. Entre esos espacios comunitarios, lógicamente, están las piscinas que con la llegada del buen tiempo acostumbran a llenarse, sobre todo de niños. De momento, no podrán utilizarlas.

Con la llegada del buen tiempo y el verano, el uso de las piscinas comunitarios durante las diferentes fases de la desescalada por el coronavirus es una preguntas que muchos propietarios y administradores de fincas se hacen. Según público la página web NIUS Diario, el Ministerio de Salud “aún no ha tratado la apertura de piscinas” y todo dependerá de la decisión que adopte el comité de científicos que aseso al Gobierno en función de cómo evolucione la pandemia.

El baño en las playas, por ejemplo, no estará permitido hasta la fase avanzada(fase 3) de la desescalada, prevista para principios de junio siempre que se cumplan los criterios sanitarios y la pandemia evolucione favorablemente.