La nueva normativa, que debe ser aprobada por el Senado y canalizará los fondos europeos de recuperación, desarrollará incentivos para la introducción de las renovables en el hogar.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Senado deberá ahora darle el visto bueno y, si no incluye modificaciones, la ley quedará definitivamente aprobada previsiblemente en mayo.
La nueva norma va acompañada de una serie de medidas que, dentro del sector inmobiliario, incluye la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana. Este plan, que servirá para canalizar los fondos europeos de recuperación, deberá estar aprobado a los seis meses de la sanción de la ley y estará centrado en la eficiencia energética.
La nueva ley también obliga a la administración a aprobar incentivos para la introducción de las energías renovables para impulsar el autoconsumo, y la refrigeración y calefacción de cero emisiones. También apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible y por las mejoras en la accesibilidad.
Al final, el objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que afecta a múltiples sectores de actividad, es ayudar a España a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático para alcanzar antes de 2050 la denominada “neutralidad climática” (que el país solo pueda emitir los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos por los sumideros, por ejemplo, los bosques).
La nueva ley movilizará inversiones de más de 200.000 millones de euros a lo largo de la próxima década
En el preámbulo de la ley, que se presenta también como un instrumento para canalizar los fondos europeos de recuperación, se asegura que la transición energética promovida por esta norma “permite movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030”. Además, se sostiene que “el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo” gracias a las medidas propuestas.
Los objetivos fijados por la norma para el año 2030 son alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo final de, al menos, un 42%, frente al 20% actual. Además, el sistema eléctrico deberá funcionar en 2030 con, como mínimo, un 74% de generación renovable, frente al 40% actual.