el pasado 24 de noviembre El Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife (CAAFF) y el medio de comunicación digital Atlántico celebraron la Mesa de trabajo sobre okupación de viviendas y derechos de los propietarios.
Este encuentro busca tratar la actualidad de este movimiento en Canarias, y concretamente en Tenerife, desde el punto de vista de los administradores de fincas, abogados y la delegación de participación ciudadana, una realidad que cada vez tiene más casos y donde este medio de comunicación, en colaboración con el Colegio, persiguen informar sobre el estado actual de este fenómeno en la isla.
Para acercarnos a algunas de las claves que compartirán en este encuentro los administradores de Fincas, hemos hablado con Ana Isabel Rancel y José Antonio Acevedo, quienes hacen hincapié en la complejidad de esta problemática.
Ana Isabel Rancel cree que las causas del actual repunte en la ocupación ilegal es que el asunto «se demora mucho en el Juzgado por su saturación, por lo que no se tramita tan rápido como debería». Sin embargo, no cree que este aumento del movimiento okupa esté relacionado con que la covid-19 haya dejado a más personas sin recursos. «La ocupación ilegal ha aumentado en los últimos cinco años, no solo en este último», asegura.
Rancel gestiona comunidades de propietarios especialmente en la zona Sur de Tenerife, donde «sí está habiendo una incidencia muy grande». De hecho, ella misma se encarga de varios edificios donde existen casos de esta problemática. Asegura, sin embargo, que el rechazo a la misma «no es aporofobia, que no quieran tener a personas con menos recursos». Señala que estos vecinos, en las comunidades que gestiona, han entrado ilegalmente ayudados por mafias de ocupación. «Les han indicado una vivienda vacía, por la causa que sea, y se han metido dentro».
Pero no son grandes mafias de la okupación, defiende, por su parte, Acevedo, quien también tiene como área de actuación el sur de Tenerife. «Hay pequeñas organizaciones por zonas, pequeñas mafias. Y están organizadas por los propios que alquilan y venden okupaciones, que luego traspasan a otros, falsificando contratos», explica el administrador de fincas.
Respecto a la situación en el sur de la Isla, asegura que «si me atreviera a hacer una estadística, podría decir que en cada comunidad hay okupas y en algunas comunidades entre un 2 % y un 5 % del propio edificio». Además, subraya que «quienes están okupando sobre todo son gente que incluso trabaja, y les interesa okupar porque no pagan alquiler, han cogido esta nueva moda».
«De los 300 okupas que yo conozco y tengo en comunidades de propietarios, solo 30 están en propiedades de un banco», explica Acevedo. El resto de viviendas okupadas pertenecerían a extranjeros que vienen de vacaciones, y familias tanto residentes en las islas como no»
El miedo a la okupación
El miedo de los vecinos a la okupación lo ejemplariza Acevedo con las actitudes de quienes la realizan. «En Costa del Silencio han entrado okupas con los señores viviendo, para comprobar si estaban o no. Y decirle, ‘fuera de la casa’, y a la señora casi le da un ataque del corazón, hasta que vinieron los vecinos a ayudarla», cuenta el administrador.
Para entrar en un edificio en el que no tienes llaves, porque no eres propietario ni inquilino, «rompes cerraduras, lo que genera inseguridad, además de un cuarto de contadores, tanto de agua como de luz, para engancharse y entonces ya hablamos de destrozos», explica por su parte Rancel. «Lo mismo te lanzan tendederos por la fachada o te cogen las líneas de la antena a través de la misma y de los balcones. Es más una cuestión de ser otra manera de vivir. Al no entrar en una vivienda como tienes que hacerlo, que es con un título, ya sea de alquiler, propiedad, donación, el que sea, pero no porque a ti se te antoje, entonces tienes que hacer otras cosas, de peor manera», resume la administradora de fincas.
Sobre la propiedad de las viviendas okupadas, los administradores desmienten que formen parte de bancos. «De los 300 okupas que yo conozco y tengo en comunidades de propietarios, solo 30 están en propiedades de un banco», explica Acevedo. El resto de viviendas okupadas pertenecerían a extranjeros que vienen de vacaciones, y familias tanto residentes en las islas como no. «El caso de la okupación está afectando al ciudadano medio y no a las multinacionales. Porque las multinacionales y los fondos tienen sus métodos para agilizar, cuando quieran, el sacar esos okupas. Sin embargo, los particulares sufren».
Acción policial en las okupaciones
La inacción por parte de la policía en estos casos es uno de los cambios que reclaman desde el Colegio para solucionar el problema de la okupación. «Para mí, el primer mensaje importante con el que esto se frenaría en seco sería que a partir de ahora la policía actuara de oficio inmediatamente con el respaldo del Ministerio del Interior», defiende Acevedo.
De hecho, desde el CAF solicitan más apoyo institucional sobre este tema. «He tenido casos en los que han entrado a través de una mafia en una vivienda y, cuando avisas a la Policía de que la están ocupando, le han dado más crédito a un contrato de arrendamiento ilegal a que un propietario que afirme que la persona que está arrendando no es la propietaria de la vivienda. Por lo menos, que le den un poco de validez a los argumentos, en este caso, del presidente de la comunidad, o a un administrador de fincas. ¿La persona que está arrendando esta vivienda es la legítima propietaria? ¿O me están enseñando un contrato en fraude de ley?», reclama Rancel.
«Es un tema complejo. Los ciudadanos pueden pensar que se trata de personas desamparadas, pero esas personas sin recursos son, precisamente, quienes menos te hacen esto. Los que no tienen nada primero se buscan recursos en Servicios Sociales, intentan otras opciones. Esto es frescura», subraya Rancel. Su compañero Acevedo opina de la misma forma y destaca que en el foro de AtlánticoHoy hablará con claridad sobre la okupación. «En esto siempre buscamos excusas y yo intentaré desmitificar todas estas excusas. Porque si no, no afrontamos el problema», sentencia.