El recibo de la comunidad de propietarios ha sido una de las primeras víctimas de los problemas económicos que ha deparado la pandemia del coronavirus. Según los datos que maneja el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, la morosidad de estas comunidades se disparó un 40% en los meses que estuvo vigente el estado de alarma con respecto al mismo periodo de 2019. Traducido a euros, este incremento supone 375 millones de euros más, según los cálculos preliminares que ha hecho el consejo sobre los efectos de la pandemia. “Eldesempleo, los ERTE y, en general, las dificultades económicas que ha traído la pandemia han disparado la morosidad”, explica Salvador Díez, presidente del Consejo de Administradores de Fincas. No es la primera vez que los impagos se disparan como consecuencia de una crisis económica. Ocurrió también con la Gran Recesión, asegura Díez. Pero a diferencia de entonces, ahora los niveles de morosidad se han disparado de forma repentina. “Entonces [en la Gran Recesión], el proceso empezó en 2008 y fue creciendo hasta tocar máximos en 2012. Pero ahora se ha producido un subidón brutal” en muy poco tiempo, asegura. Al producirse un incremento paulatino, los efectos de la morosidad en las cuentas de las comunidades de propietarios se fueron asimilando año a año en la anterior crisis. “Pero este año será difícil asumirlo porque todo ha llegado de golpe”, explica Díez. No obstante, y sabiendo que la situación de cada inmueble es diferente, los administradores de fincas tienen la impresión de que las comunidades de propietarios están mejor preparadas para afrontar el embate a medio plazo. “Las cuentas se han recuperado y no se han visto muy presionadas por factores como, por ejemplo, el aumento de los precios de los combustibles» para las calefacciones, explica Díez. La impresión que tiene el sector es que las comunidades van a ser capaces de afrontar los gastos ordinarios sin dificultades con los remanentes que tienen en caja. Otra cosa es que se planteen hacer inversiones de mayor calado. “Cualquier reforma de fachadas o tejados, por ejemplo, será difícil de afrontar, con el perjuicio que eso tiene para la economía porque todo lo que mueve una obra es enorme y es muy beneficioso para la economía», asegura Díez. Las estrecheces económicas no son el único impedimento al que se enfrentan las comunidades de propietarios a la hora de poder afrontar cualquier tipo de reforma de cierta envergadura que quieran acometer. Con las restricciones al número de personas que pueden acudir a las reuniones que se han introducido para frenar al coronavirus, “los gastos de las comunidades de propietarios se han ceñido a lo imprescindible porque ni siquiera se han podido reunir para discutir problemas de otro tipo”, explica el presidente de los administradores de fincas. La imposibilidad de reunirse no es baladí en muchos casos. Hay entidades financieras que llegan a bloquear las cuentas si los miembros de la junta de propietarios no se reúnen y renuevan los cargos, explica Díez, que asegura que el de las juntas de vecinos no es un problema menor. “En España se celebran del orden de 100.000 reuniones al mes”, calcula. Por eso, en una reciente reunión con el Ministerio de Justicia, los administradores de fincas han solicitado que, como se ha hecho ya en Cataluña, se de una cobertura legal para toda España al aplazamiento de estas reuniones y se prorrogue en el ejercicio de sus cargos a los propietarios que forman parte de la junta directiva de las comunidades de propietarios para garantizar su correcto funcionamiento. Los administradores también han solicitado que se regule la celebración de juntas telemáticas en aquellos casos que sea posible. Como recuerdan, esta modalidad de reunión de propietarios no está regulada y, por tanto, sus acuerdos no tienen la cobertura legal que reclaman.
FUENTE:SEPIN