La Secretaría General de Vivienda calcula que unas 9,7 millones de viviendas en España deberán realizar mejoras tan simples como cambiar las ventas para reducir su consumo de energía.
Mucho camino que andar. La renovación del parque de viviendas en España para conseguir edificios energéticamente más eficientes y cumplir, de esta manera, los tratados internacionales de descarbonización de la economía tiene un largo recorrido por delante. Poco más de un 1% de los edificios cuentan con una calificación de consumo A o B, es decir, el 99% del parque de inmuebles deberá acometer mejoras en las próximas décadas, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Según el plan remitido a la Comisión Europea por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para el año 2050 se espera que la edificación (terciario y residencial) haya reducido su consumo de energía en un 36,6% respecto los niveles actuales, y que el consumo de energía procedente de fuentes fósiles se reduzca a prácticamente cero. En el sector residencial, los ahorros se producirán fundamentalmente en los usos de calefacción y agua caliente sanitaria, que representan de media más del 60% del consumo de las viviendas.
En todo caso, y como primer paso, deberán producirse avances en la calificación del consumo de los edificios existentes. El parque de inmuebles en España con etiquetas consideradas eficientes es mínimo. Los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica recabados en 2018 concluyen que poco más del 1% de los edificios cuentan con una nota A o B, es decir, son considerados en la actualidad de bajo consumo o eficientes.
El resto cuentan con peores notas. Así, la calificación C acompaña al 4% de los edificios, seguida de la D (11%) y E (51%). El restante 33% de inmuebles residenciales y terciarios cuentan con una etiqueta F y G. Una certificación E o peor consume un 90% más que la máxima nota de eficiencia energética.
Una etiqueta E o peor, que presenta más del 80% del parque de vivienda, consumo un 90% más de energía que la máxima nota de eficiencia
“Está claro que hemos de avanzar en la mejora de las notas, pero debemos reflexionar sobre la vigencia a largo plazo de este sistema cuando buscamos un consumo residencial a partir de fuentes fósiles cercano a cero”, sostiene Josep Ramon Fontana, director de estudios del Instituto de la Tecnología de la Construcción de Cataluña.
Hasta la década de los ochentas, la normativa no obligaba a los promotores a instalar aislamiento térmico en las viviendas y, por lo tanto, una parte importante del parque (unas 9,7 millones de residencias, según los cálculos de la Secretaría General de Vivienda) no retienen buena parte de la calefacción o aire acondicionado.
“Las viviendas promovidas entre 1950 y 1980 se construyeron con cemento aluminoso y con el paso del tiempo algunas de ellas se han visto tremendamente deterioradas por el calor y la humedad”, señala en una nota Uve Valoraciones. La tasadora considera que la rehabilitación de muchas de ellas es demasiado costosa y casi es mejor “derribar la vivienda y volver a levantarla”.
En todo caso, y para incentivar la rehabilitación energética, el Gobierno prepara deducciones de hasta el 60%, tal y como solicitaba el sector. La ayuda fiscal estará vinculada a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda, es decir, a reducir su consumo no renovable. El Gobierno calcula un volumen de ayudas de 450 millones en los próximos años.
“La rehabilitación energética es cara y por eso creemos que son necesarias deducciones que ayuden a arrancar”, sostiene Fontana. El director de estudios del Itec reflexiona sobre otro tipo de ayudas a los constructores para aumentar así el parque con etiquetas más elevadas: “A los promotores se les pide un esfuerzo para hacer edificios eficientes que el mercado después no reconoce, por eso sería bueno incluir bonificaciones en, por ejemplo, el IBI a los edificios eficientes”.