La sentencia obliga al Ayuntamiento a responder a las quejas por contaminación acústica del pub Texaco
Una imagen de 2016 del local denunciado por los vecinos. JOSE NAVARRO
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha estimado en parte una demanda interpuesta por una comunidad de propietarios de Playa de San Juan contra el Ayuntamiento por inactividad en la atención a las reiteradas quejas que han presentado ante esta instancia por el ruido causado por dos pubs.El juez da la razón parcialmente a los vecinos del Edificio Maria Luisa, en cuyos bajos comerciales se concentran los dos locales afectados entre un total de seis pubs, y reconoce que el gobierno ha permanecido inactivo ante estas quejas. Por tanto, le condena a «adoptar las medidas encaminadas a dar respuesta y una solución a las quejas de los vecinos del edificio demandante» . «La Administración ha adoptado una actitud absolutamente pasiva, incurriendo en una clara dejación de las funciones que le vienen encomendadas», recoge el magistrado en la sentencia. Estas asignaciones son, según los antecedentes de hecho, las de inspección, control y disciplina en materia acústica.
El propietario de los negocios afectados asegura que «cumplo con toda la normativa y no tengo ninguna sanción»
Pese al tono, el juez elude cargar mayores responsabilidades sobre el gobierno municipal y desestima la pretensión de los demandantes de forzar al Ayuntamiento a clausurar la actividad de los pubs Texaco y Pêle y a abrir expediente sancionador. Sobre este punto, el magistrado recalca que el demandante, la comunidad de propietarios, «no ha pedido que se adopten unas concretas medidas, lo que impide que se pueda obligar al Ayuntamiento a iniciar un expediente sancionador». Las quejas vecinales se presentaron en verano de 2018, con la actual Corporación ya al mando.
Reacciones
Fuentes de la comunidad de vecinos manifestaron su satisfacción con la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, y aseguraron «estar pendientes» de la reacción municipal. Por su parte, el dueño de ambos negocios, Casimiro Amores, manifestó que para él «no cambia nada» ya que «cumplo con toda la normativa y no tengo ninguna sanción». Este diario intentó conocer la opinión del Ayuntamiento de Alicante sobre la sentencia, sin éxito.