Administradores de fincas y abogados denuncian un aumento de las intimidaciones de estos grupos en los últimos meses
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La tarde del pasado 29 de septiembre, una docena de personas del Sindicat de l’Habitatge del Raval y de Resistim al Gòtic acudieron al despacho de Vendrell y Asociados para «exigir la paralización del proceso de desahucio» contra Maite, una vecina de La Rambla de Barcelona, y para señalar al bufete como «cómplice» de su desalojo por representar a un «rentista especulador». Amenazaron con no irse del despacho hasta que pudieran negociar una salida para «la última vecina de La Rambla» que evitase el desalojo que debía producirse el 1 de octubre, tal y como publicaron por las redes sociales, y sólo se fueron después de que los empleados llamasen a los Mossos d’Esquadra.
Desde el despacho, el socio Enrique Vendrell lamentó «la indignante coacción al derecho de defensa y allanamiento de domicilio, ya que este tipo de acciones son intolerables en un Estado de Derecho». Según varias informaciones, los activistas que entraron en el bufete amenazaron e insultaron a los trabajadores, llamándoles «corruptos» o «cómplices de especuladores», golpearon puertas y paredes e incluso tiraron objetos al suelo.
La acción de estos dos sindicatos de inquilinos en el despacho fue ampliamente condenada por las entidades que amparan a estos profesionales. El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida lamentó la «actuación intimidatoria» y la «perturbación del libre ejercicio del derecho de defensa y la inviolabilidad de los despachos profesionales en un Estado democrático de Derecho». Señalan que los colegiados les informan de estos incidentes en los que entran en sus despachos «grupos de personas que, identificándose como miembros de sindicatos de inquilinos, pretenden, acompañados por el correspondiente arrendatario, exigir al administrador de fincas condiciones contrarias a la voluntad e intereses del arrendador, así como la suspensión de la ejecución de resoluciones judiciales de desahucio acordadas como consecuencia del incumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones derivadas del contrato», como no pagar el alquiler, la situación de la vecina de La Rambla.
Desde el Colegio señalan que esta presión, «además de las molestias por el colapso material del funcionamiento del despacho», genera «tensión a los colegiados, los trabajadores y los clientes». En este sentido, explican que estas actuaciones suelen ir acompañadas «de pancartas degradantes, gritos, insultos y coacciones que no se deberían tolerar y que, en cualquier caso, son penalmente punibles». Por eso aconsejan a colegiados y trabajadores actuar con la mayor serenidad posible y avisar a los Mossos con celeridad para identificar a los responsables de la entrada en el despacho, ya que se les puede denunciar.
Fuentes de los administradores de fincas señalan que la situación cada vez es más violenta y que han aumentado estas presiones recibidas en sus despachos, coincidiendo con la problemática de los desalojos de viviendas dentro de la crisis inmobiliaria y la organización de los vecinos y grupos que los apoyan.
También el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona lamentó la protesta contra el despacho Vendrell y Asociados como una situación «inadmisible» y en el mismo sentido se expresó el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.
DESAHUCIO APLAZADO
El pasado 1 de octubre, miembros de los sindicatos de inquilinos junto con representantes de grupos de la izquierda independentista, como la CUP, acudieron a parar el intento de desalojo de Maite por parte de los Mossos d’Esquadra. Los activistas lanzaron globos con arroz y harina o pintura a los agentes e impidieron el acceso al inmueble en La Rambla, lo que generó momentos de tensión y algún golpe de porra. Finalmente, los Mossos se fueron después de recibir órdenes de la comitiva judicial, ya que desde el Ayuntamiento de Barcelona se negoció con los abogados de la propiedad parar el desalojo cuatro meses mientras buscan una vivienda para la vecina, que está en lista de espera desde hace dos años, en el mismo distrito de Ciutat Vella.Más en El MundoMadrid, pendiente de si Ayuso y Sánchez llegan a un acuerdo antes del Consejo de MinistrosEl MundoBegoña Villacís será una mujer divorciada antes de que acabe el mesEl Mundo
El Consistorio también se hará cargo de una parte de la deuda de la vecina, que asciende a 6.000 euros, ya que hace más de tres años que no paga regularmente el alquiler, unos 300 euros por un ático de 50 metros cuadrados con terraza en una finca sin ascensor en La Rambla, ya que el contrato es de 1986. La mujer, que reside en el piso desde hace 33 años, sufre una discapacidad que le impide trabajar tras un grave accidente y cobra una pensión no contributiva que le impide hacer frente a un alquiler a precio de mercado.
Se trata de una de las últimas vecinas de una de las calles más caras de Barcelona y está rodeada de apartamentos turísticos, por lo que desde el sindicato de inquilinos se apunta a que su caso es el paradigma de la especulación en la zona. En concreto, denuncian que la conversión de la mayoría de inmuebles en viviendas de uso turístico está echando a vecinos sin recursos que hace décadas que residen en la zona, por lo que instan a Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno a frenar esta situación.
FUENTE SEPIN