La calefacción central se apagará en 2023

Pagar solo por la calefacción que cada uno, propietario o inquilino, consume en su vivienda es una de las razones que ha llevado al Gobierno a aprobar, tras seis años de retraso, la norma que regula la instalación de contadores individuales en edificios con sistemas centralizados. El nuevo decreto, que entró en vigor el 7 de agosto, da un plazo máximo de tres años para adaptarse.

Así, antes de mayo de 2023, 1,4 millones de viviendas tendrán que contar con dispositivos (contadores y repartidores) que midan el consumo en los edificios que tienen calefacción centralizada, según la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca). La nueva normativa no afectará a todos los bloques con calefacción central que existen en España (1,7 millones de viviendas tienen este sistema, según la OCU), sino solo a los construidos con anterioridad a 1998 —los posteriores a esta fecha ya están obligados por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios—; y que, además, no estén ubicados en zonas climáticas exentas por la norma (se corresponden a las más cálidas, esto es, islas y litoral mediterráneo).

Tampoco es de obligado cumplimiento en las fincas donde la instalación de estos dispositivos no sea técnicamente viable (por ejemplo, si el sistema de calefacción es por monotubos en serie, ventiloconvectores o aerotermos) o si la inversión no se puede amortizar con los ahorros conseguidos en un máximo de cuatro años. “Se debe solicitar a la empresa mantenedora un estudio técnico previo y, si resulta positivo, encargar un estudio económico que analice la rentabilidad de la instalación. Si ambos resultan positivos, la instalación es obligatoria”, cuentan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Las empresas tienen que realizar estos estudios de forma gratuita.

A priori, se debe instalar un contador, pero si no es posible se colocará un repartidor de costes en cada radiador. La diferencia es que en el caso del contador se coloca uno por vivienda y mide directamente la calefacción en kWh, mientras que los repartidores se ponen en cada radiador y miden unidades de consumo que luego se utilizan para hacer el reparto de los costes de calefacción entre los vecinos. Se pueden adquirir en régimen de venta o alquiler. Mientras que cada repartidor instalado cuesta unos 30 euros, un contador supera los 250 euros. El alquiler de estos dispositivos, con servicio de mantenimiento incluido, sale por siete euros al mes.

“La forma más sencilla de cumplir la normativa es poner un contador a cada vecino, pero esto solo es técnicamente posible en las calefacciones dispuestas en anillo —cada vivienda tiene su acometida de agua y sus radiadores están conectados entre sí formando un anillo—”, explica Enrique García, portavoz de la OCU. Solo existen 600.000 viviendas en España con este modelo. En cambio, hay más de un millón de pisos cuyas instalaciones de calefacción están distribuidas en columna —los radiadores de las distintas casas están unidos entre sí de arriba abajo—, en las que no es viable poner un contador y que requerirán la instalación de un repartidor de costes. Con todo, “menos de un 5% de los edificios quedarán exentos de la obligación de poner contadores o repartidores de costes”, asegura Ignacio Abati, presidente de Aercca y director general de la empresa Ista.

180.000 pisos

En los últimos cinco años, adelantándose a la normativa, se han instalado contadores o repartidores en 180.000 pisos en España, calculan en Aercca. Javier Martínez ha colocado repartidores en su vivienda de Zaragoza, de común acuerdo con el resto de los vecinos. Se instalaron en junio de 2014 en su edificio de casi 50 años y desde entonces el ahorro en gas que se ha registrado en esta comunidad de propietarios se mueve entre un 20% y 22% cada año. El Gobierno estima que hacer uso de estos dispositivos puede suponer un ahorro medio del 24%.

Javier paga en su piso de 70 metros cuadrados una media de 135 euros durante los seis meses de encendido de la calefacción (de noviembre a abril). Antes, el desembolso llegaba a los 410 euros, por lo que el ahorro obtenido ha sido de 275 euros. Esta comunidad tiene los dispositivos en régimen de alquiler y paga unos 60 euros al año por vivienda.

Sin embargo, no todos los usuarios tienen la percepción de estar ahorrando. “Al comprobar el consumo en la factura, llama mucho la atención y se provoca esa curiosa sensación de que se paga más. Aunque, la experiencia dice que en términos de calor se ahorra”, argumenta Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Con este sistema, los propietarios reciben una factura más, la de calefacción, que antes no generaban porque estaba incluida en la cuota de comunidad. “En el recibo aparecen además de los consumos propios, comparativas con respecto a otros anteriores o a consumos de referencia en viviendas similares”, explica Abati.

Para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) esta errónea percepción de no ahorrar se debe a la experiencia del usuario: “Cuando se realiza este tipo de instalaciones los usuarios adoptan medidas para ahorrar (regulan la temperatura en el interior de la vivienda, ajustan los horarios de funcionamiento de la calefacción…) y de esta forma reducen la factura energética. Lógicamente aquellos que no adoptan un papel activo en pro del ahorro energético, seguirán teniendo la misma factura que antes”.

Si se pretende lograr que la medida sea realmente eficaz, es imprescindible actuar sobre el conjunto, es decir, además de contadores o repartidores, colocar válvulas termostáticas en los radiadores de manera que cada vecino pueda regular la emisión de calor, reduciendo o ajustando el consumo a las estancias, temperaturas y horarios que necesite. “También habrá que hacer una regulación completa de toda la instalación para adecuarla a las nuevas pautas de funcionamiento, para lo cual se deberán instalar bombas de caudal variable o variadores de frecuencia y, en general, proceder a un equilibrado hidráulico de la instalación, lo que evitará problemas de ruidos”, considera Miguel Ángel Sagredo, asesor jurídico de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia).

Aunque no existe una obligación inmediata de adaptar las viviendas de cara al próximo invierno, ya que las primeras instalaciones en las zonas más frías (Soria, Burgos, León…) deberán llevarse a cabo antes de mayo de 2022, no hay que relajarse. Al menos 15 meses antes de la fecha obligatoria —diferente para cada zona climática en función de su situación y el número de viviendas—, las comunidades de propietarios deberían solicitar los presupuestos para cumplir con la nueva normativa. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, donde la fecha tope para instalar los contadores es octubre de 2022 o marzo de 2023, dependiendo del número de viviendas, los plazos para solicitar los presupuestos son antes del 1 de julio de 2021 para edificios de 20 o más viviendas y antes del 1 de diciembre de 2021 para edificios de menos de 20 pisos.

FUENTE: EL PAIS