La morosidad en las comunidades de vecinos está aumentando «sustancialmente» desde el inicio de la pandemia. Según un estudio que lanzaron desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, durante la primera ola de la pandemia se estimaba que la morosidad se había incrementado hasta un 40% a nivel nacional. Sin embargo, ahora creen que la subida ya «no es tan pronunciada». Pero el conocer el número exacto de morosos que hay en España es una tarea ardua al no existir un registro oficial de propietarios que hayan dejado de pagar las cuotas de su comunidad de propietarios. A ello hay que sumarle un problema derivado de la pandemia y de las restricciones sanitarias que rigen actualmente en todos los territorios: no se están celebrando juntas generales de propietarios, las únicas capacitadas para proceder a reclamar judicialmente una cuota a un propietario moroso. «El incremento no se está notando porque está quedando en el limbo», apunta Luis Delgado, abogado de Legalitas, que ve una «realidad» que esté aumentando la morosidad porque «la gente con problemas económicos no estará pagando las cuotas de la comunidad».
El número de morosos, como es evidente, se incrementa cuando el país atraviesa una situación económica desfavorable. Y la crisis del coronavirus no iba a ser una excepción. Sin embargo, si que se observa una diferencia entre la crisis actual y la financiera de 2008. Si la anterior recesión fue «un proceso progresivo» por el que la morosidad fue aumentando a lo largo de varios años hasta que en 2012 comenzó a descender, ahora la economía ha sufrido una «caída libre» por la que Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, cree que el impacto puede ser «más complicado» de manejar ya que cuando las comunidaes prevén un periodo de incertidumbre suelen ajustar el presupuesto a la realidad del momento. Pero esto tampoco ha sido posible en esta ocasión porque «también para ello hace falta convocar una junta de vecinos». «La economía la puedes ir ajustando cuando cae poco a poco, pero cuando es de golpe es más difícil conseguir ajustarla», afirma.
Por ello, desde el órgano que preside Díez han pedido al Ministerio de Justicia que regule para que se puedan celebrar juntas telemáticamente o se pueda llegar a acuerdos a través de encuestas, algo que ya se ha hecho en Cataluña, donde tienen las competencias. «Hay que dar alguna solución» porque la morosidad puede complicar «la gestión de ayudas» que puedan llegar de los fondos europeos, que pueden ir destinados a mejorar, por ejemplo, la eficiencia energética de los edificios.