El Colegio de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana ha manifestado su gran preocupación por la intervención de la Policía Local sancionando las reuniones de las Juntas de Propietarios.
El presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, D. Sebastián Cucala Crespo, ha manifestado en el progama Hoy por Hoy Locos por Valencia una gran preocupación por los casos que se están registrando en los últimos días en diversos municipios de la Comunitat Valenciana, donde la Policía y la Guardia Civil están interviniendo para disolver la celebración de juntas de propietarios y elevar sanción administrativa en algunos de esos casos.
Tras haberse mantenido diversas conversaciones y reuniones con la Conselleria de Sanidad y de Justicia de la Generalitat Valenciana competentes en esta materia, donde se dejaba clara la recomendación de que las juntas de propietarios no se celebrasen para prevenir posibles contagios de Covid19, y a pesar de no estar expresamente prohibidas por la normativa dictada hasta la fecha, dicho criterio administrativo no ha evitado que se estén produciendo las denuncias particulares contra la celebración de las mencionadas juntas, que termina motivando la intervención policial para su desalojo.
Pese a que Ana Barceló, consellera de Sanidad, se remite a la prohibición de reuniones de más de 6 personas y ha recordado que durante la pandemia se han podido realizar juntas de propietarios de forma telemática, Sebastián Cucala matiza que las Juntas de Propietarios no son reuniones sociales, sino de trabajo, por lo que no se aplica el límite de 6 personas. Y en cuanto a las juntas por videoconferencia, recuerda que a fecha de hoy, aún no cuentan con precepto legal que de validez a sus acuerdos, por lo que no pueden aprobarse decisiones de envergadura por via telemática.
Toda esta situación está generando un grave problema de inseguridad jurídica tanto para las comunidades de propietarios como para los propios administradores de fincas colegiados a la hora de atender las peticiones de convocatoria de junta que se vienen recibiendo, y que pueden terminar en procesos administrativos de impugnación de sanciones generadas por dicha intervención policial.
Debemos recordar que el 80% de la población, reside en comunidades de propietarios y que esta situación de inseguridad ante las celebraciones de juntas de propietarios, genera graves problemas a la hora de poder tomar decisiones válidas para realizar cualquier tipo de intervenciones en los edificios.